- Se presentará la experiencia del Distrito Federal con el tipo penal autónomo de feminicidio y su protocolo de investigación
Con el propósito de conocer las experiencias y desafíos en los sistemas de justicia de América Latina respecto a la aplicación del estándar de investigación, juicio, sanción y reparación del daño en los feminicidios y homicidios dolosos de mujeres por razón de género, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, llevará a cabo a partir de este miércoles una reunión de expertos internacionales en Panamá.
Durante tres días, especialistas de México, Panamá, El Salvador, Colombia, Guatemala, Chile, Argentina, Costa Rica, España y Francia, establecerán los estándares de actuación durante el desarrollo y aplicación de la estrategia de investigación de feminicidios, para llegar a recomendaciones en las etapas de acusación, enjuiciamiento, imposición de sanciones, responsabilidades en la defensa pública y reparación del daño a víctimas de estos delitos.
La Oficina del Alto Comisionado de las Nacionales Unidas iniciará los trabajos de discusión con un análisis comparativo de condiciones institucionales, instrumentos, procedimientos y prácticas para la prevención del feminicidio en América Latina, el cual incluirá el nivel de cumplimiento y buenas prácticas que tienen los gobiernos de la región, para abordar este tema en sus respectivos países.
A través del análisis, los especialistas establecerán la posibilidad de implementar un modelo único de protocolo de investigación para el feminicidio en América Latina, así como consensuar un modelo de tipo penal que pueda aplicarse en la región, donde el caso del Distrito Federal, en México, se expondrá como punto de partida para la discusión.
En nuestro país, sólo 19 Estados tienen tipificado el feminicidio en su sistema penal, pero el Distrito Federal es el único que lo considera desde el 2011, como un delito autónomo en su Código Penal y es la única entidad que cuenta con un protocolo de investigación específico para tratar al feminicidio con perspectiva de género.
En 2009, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos declaró al Estado Mexicano como responsable de haber violado derechos a la vida, a las garantías individuales, derechos del niño y protección judicial, en el caso de las mujeres asesinadas en 2001 en el campo algodonero de Ciudad Juárez, Chihuahua.
La sentencia responsabilizó al Estado Mexicano de falta de medidas de protección a las víctimas; la falta de prevención de estos crímenes, pese al pleno conocimiento de la existencia de un patrón de violencia de género que había dejado centenares de mujeres y niñas asesinadas; la falta de respuesta de las autoridades frente a la desaparición, la falta de debida diligencia en la investigación de los asesinatos, así como la denegación de justicia y una falta de reparación del daño adecuada.
A partir de esta sentencia, es que en el Distrito Federal se empezó a desarrollar una figura penal que contemplara todas las hipótesis de la forma en que se asesina a las mujeres por cuestiones de género, tales como abusos sexuales antes o después de la comisión del delito. La figura del feminicidio en el Distrito Federal establece no sólo una obligación procesal para que las autoridades ministeriales encargadas de investigar estos homicidios contra mujeres, sigan paso a paso el protocolo de actuación para estos casos, sino que finca responsabilidades a los servidores públicos que no cumplan con el mismo.
Con la figura del feminicidio el Distrito Federal busca además establecer políticas criminales de prevención contra estos crímenes.
Los trabajos de discusión y análisis darán inicio este miércoles con la participación de Carmen Rosa Villa Quintana, Representante del Alto Comisionado de las Nacionales Unidas para los Derechos, Oficina Regional de América Latina; Bibiana Aido Almagro, Asesora Especial de la Directora Ejecutiva de ONU Mujeres; Nadine Gasmán, Directora de la Campaña Únete para América Latina y El Caribe, así como Ibett Estrada Gazga, Consultora Internacional de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, quien también asesoró a la Consejería Jurídica del Gobierno del Distrito Federal para la reforma del tipo penal de feminicidio y la elaboración del protocolo de investigación
